Los países de la Unión Europea (UE) podrían recaudar en su conjunto hasta unos 26.200 millones de euros con la proyectada tasa sobre las actividades financieras, para que sean los bancos los que paguen el costo de las eventuales quiebras del sector, según un informe de la Comisión Europea.
El informe elaborado por la Comisión Europea (CE) tiene el objetivo de centrar el debate, después de que los líderes europeos llegaran, el pasado 17 de junio, a un principio de acuerdo sobre la introducción de algún tipo de gravamen.
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) debatirán este asunto en la reunión del Consejo Ecofin (Economía y Finanzas) que se celebrará este martes en Bruselas, aunque fuentes comunitarias aseguran que "aún queda mucho trabajo por hacer" antes de consensuar un posible impuesto común.
La propuesta legislativa de la CE no llegará antes de mediados de 2011, aunque ya hizo pública su preferencia por la puesta en marcha de un fondo por cada Estado miembro que sea financiado con impuestos sobre las actividades bancarias.
Mientras tanto, varios países se han adelantado: Suecia aprobó un impuesto en 2008 y Francia, Reino Unido y Alemania anunciaron recientemente sus intenciones al respecto, aunque sólo Alemania y Estocolmo pretenden destinarlos a fondos de resolución de crisis financieras.
En este sentido, Bruselas considera que es conveniente armonizar esta política para evitar dañar la competencia y la doble imposición de las entidades bancarias en varios estados miembros.
La ministra española de Economía y Hacienda, Elena Salgado, se mostró hoy dispuesta a poner en marcha una nueva tasa a la banca, más allá de las ya existentes en España, si la Unión Europea llega a un acuerdo sobre este asunto.
España podría recaudar entre 490 y 1.905 millones de euros con la tasa sobre las actividades financieras que la Unión Europea desea introducir para que sean los bancos, y no el contribuyente, los que paguen el costo de las eventuales quiebras del sector.
Los ministros de finanzas también discutirán este martes la posibilidad activar un gravamen sobre las transacciones financieras a nivel global, que generaría unos ingresos de 18.000 millones de euros al año en toda la UE, según el mismo informe de la CE.
Este impuesto, que no es excluyente del anterior, tendría la ventaja de que serviría para desincentivar las prácticas de riesgo de las finanzas, además de compensar al sector público por las ayudas y garantías recibidas de las administraciones públicas.